El esperado duelo de LaLiga entre Villarreal y Barcelona no se disputará en Estados Unidos el 20 de diciembre. La promotora Relevent anunció este martes la cancelación del partido debido a la «incertidumbre generada en España en las últimas semanas», una medida que ha avivado aún más la controversia en torno a este controvertido encuentro.
Tebas señala a los responsables: «Llevan años presionando a árbitros»
Javier Tebas, presidente de LaLiga, apuntó directamente a los culpables de la anulación, criticando las presiones sobre los árbitros. «Los aficionados en EE.UU. también pagan, sufren y se alegran… Esto no adultera la competición. Más bien, lo que adultera son todos los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada, destinados claramente a presionar al estamento arbitral», declaró Tebas. El proyecto, que prometía ser un hito en la globalización del fútbol español, se frustró por el rechazo de clubes como el Real Madrid y las protestas del sindicato de futbolistas AFE. Este último organizó pausas de 15 segundos al inicio de cada partido de la jornada 9, una acción respetada incluso por Barça y Villarreal en sus duelos contra Girona y Betis.
Presiones de jugadores, Ceferín y el Gobierno: Un viejo sueño truncado
La iniciativa de jugar un partido oficial de LaLiga en el extranjero se gestaba desde 2018, con un Girona-Barça que finalmente se celebró en Montilivi por veto de la FIFA. En esta ocasión, el sueño de Tebas parecía más cerca: la UEFA autorizó excepcionalmente el Villarreal-Barça en Miami el 6 de octubre, junto con un Milan-Como en Australia, aunque advirtió que endurecería normas para preservar la integridad de las ligas nacionales. Sin embargo, el desacuerdo de jugadores, entrenadores y autoridades, incluido el Gobierno español, resultó decisivo. El Real Madrid recurrió dos veces al Consejo Superior de Deportes (CSD), alegando que el partido «adulteraba la competición». La AFE, con su paro simbólico, y la oposición de otros equipos de Primera (excepto Barça y Villarreal) sellaron el destino del evento, que preveía repartir millones en ingresos por derechos de TV y taquillas.
